Frontera en crisis

Es más de un millón de centroamericanos los que han decidido abandonar sus países de origen y tratar de llegar a Estados Unidos vía México para integrarse al llamado american dream. ¿Cómo se les va a detener en la frontera sur: sin violencia y en pleno respeto a sus derechos humanos? ¿Cuánto tiempo van a esperar en territorio mexicano para que sus trámites migratorios sean autorizados en USA? Especialistas en la materia han comentado que ese proceso podría tomar varios años. El acuerdo «in extremis» entre México y Estados Unidos ha llevado a un refuerzo de los controles migratorios en la frontera con Guatemala con inspecciones de vehículos y una presencia más visible de las fuerzas de seguridad que, no obstante, no ha zanjado por completo el flujo de migrantes.

Tal y como lo constató la agencia española Efe, es notorio el incremento de Policía Federal, militares, marinos y agentes del Instituto Nacional de Migración (Inami), quienes se han instalado en 11 municipios del sur de Chiapas.

Además, se han instalado al menos seis puestos de revisión en la zona costera de Chiapas, donde continúa la revisión de camiones, transporte público, federal y particular para evitar el flujo de migrantes ilegales. Esos retenes están prácticamente funcionando todo el día, pues empiezan a las 6 a.m. y terminan sobre las 9 p.m. Autoridades federales mexicanas detuvieron a un grupo de mil migrantes centroamericanos cerca del poblado de Tapachula.

El refuerzo de elementos de seguridad es sustancial, y los controles más exhaustivo, y eso que todavía no han llevado los elementos de la Guardia Nacional.

Serán más de 6,000 elementos que el gobierno mexicano prometió desplegar para frenar el flujo migratorio y así calmar el temperamental presidente de Estados Unidos, quien mantuvo en vilo a México toda la semana pasada con el anuncio de imponer aranceles este 10 de junio si no se detenía la llegada de migrantes a ese país. Aunque la

Guardia Nacional no nació con fines fronterizos. Su cuerpo de actuación está sustentado en la creación de un nuevo modelo policial para: prevenir el delito; implementar estrategias focalizadas en regiones y participación ciudadana; establecer nuevos criterios de distribución de los recursos federales; combatir el mercado ilícito de hidrocarburos; combatir el uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita; agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes 
confiscados a la delincuencia; combatir al robo a autotransporte y pasajeros en carreteras y abatir el tráfico de armas.

También la Guardia Nacional está preparada en diferentes niveles de impacto del uso de la fuerza. ¿Cuáles son?

1. Persuasión. A través de indicaciones verbales o de la presencia de la autoridad.

2. Restricción de desplazamiento. Determinar un perímetro para controlar la agresión.

3. Sujeción. Uso de fuerza física con moderación para lograr el control o aseguramiento de los individuos.

4. Inmovilización. Utilizar la fuerza física con para restringir la movilidad.

5. Incapacitación. Utilizar la fuerza física con máxima intensidad, teniendo alta probabilidad de causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del agresor.

6. Lesión grave. Utilizar la fuerza epiletal, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor.

7. Muerte. Utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de causar la muerte del agresor.

Eloína Hernández, presidenta municipal de la fronteriza Suchiate, comentó que si bien esperan la llegada de la Guardia Nacional, su eventual presencia ya ha puesto a los pobladores nerviosos e inseguros. Temen que no solo acudan a la región para «llevarse» a migrantes, sino que además, obstaculicen el progreso del municipio empresario y exportador. «Estamos pendientes de que la Guardia Nacional arribe tal vez el día de hoy (lunes) o mañana, sí hay preocupación grande en el comercio formal de Suchiate como todos saben Suchiate es la puerta del comercio donde pagamos nuestros impuestos, pero acostumbran a pasar la mercancía en lancha, de cerrar esta vía, se perdería mucho económicamente», afirmó. No obstante, y pese a estos temores, la alcaldesa ya ha ordenado la donación de 3 hectáreas de terreno libre para el asentamiento de la Guardia Nacional, que se centrará en vigilar 24 puntos «rojos».

Pese al refuerzo de las fuerzas de seguridad en las últimas horas, persiste el flujo de migrantes. La mayoría de ellos se trasladan con sus familias, llevan consigo de uno a tres niños, muchos de ellos menores a 15 años, lo que dificulta el viaje y pone en riesgo más vidas. Además, muchos adolescentes no viajan siempre con sus familias, y escapan de la violencia en sus países de origen.

La mayoría es de Centroamérica, especialmente de Honduras y El Salvador, y a lo largo del camino enfrenta innumerables peligros y abuso de autoridades. «La policía de Guatemala los bajó y los deportaron y nos dijeron que juntáramos 800 quetzales ($101.4 dólares), o no nos iban a dejar ir. Nos estaban sobornando y como pudimos lo conseguimos. Éramos como 100, venían madres, niños. Todos dimos 10 quetzales ($1.3 dólares)», contó Alexis Omar, originario de San Pedro Sula, Honduras.

En la frontera se habla esos días de que el despliegue de fuerzas de seguridad ha llevado a muchos migrantes a retomar viejas prácticas, y así buscan entrar ilegalmente al país mediante traficantes o polleros, viajan hacinados en camiones o buscan nuevas rutas por lugares que serían mucho más difíciles y por ende peligrosos, en este selvático estado. Pero la difícil situación en sus países de origen los impulsa a seguir adelante. «Me da miedo; yo no quiero a regresar a Honduras. Por eso saqué aquí mi permiso para no andar de ilegal. La verdad aquí hay trabajo», declaró Omar.

La tensa situación en la frontera sur contrasta con la aparente calma institucional en el resto del país, con un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana celebraba el acuerdo que puso fin a una «semana difícil». En el plano macroeconómico, tanto la bolsa como el peso cerraron con ganancias. Especialmente destacable el es avance de la moneda mexicana frente al billete verde, apreciándose 1.9% hasta las 19.21 unidades por dólar.

Pero el acuerdo ha tenido sus críticos, entre ellos el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien el domingo lamentó que se vaya a usar al nuevo cuerpo policial en tareas de control migratorio, distrayéndolo de la seguridad pública. «No es para lo que fue creada (la Guardia Nacional) y menos a imposición de un país extranjero. Eso me parece totalmente indebido, muy lamentable», dijo el exmandatario al participar en una asamblea de su organización «México Libre», que busca obtener registro como partido político. Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados.

Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno. Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,1912.

Joaquin Ortiz Echavarria

El licenciado Joaquín Ortiz de Echavarría es director general y socio fundador de Grupo Consultoría Estratégica.